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Mazán: el pueblo de niñas abusadas y madres a la fuerza

El abuso sexual de menores se asume como parte de una sombría normalidad en Mazán, un distrito del Amazonas peruano donde una de cada tres mujeres tuvo un hijo durante la adolescencia por una violación, pero no la denunció. Ojo‑publico.com estuvo en la zona y comprobó que las víctimas están desprotegidas incluso frente a las autoridades, que […]

March 9, 2018

Por: Textos y Fotos: Fabiola Torres y Mayté Ciriaco

El abuso sexual de menores se asume como parte de una sombría normalidad en Mazán, un distrito del Amazonas peruano donde una de cada tres mujeres tuvo un hijo durante la adolescencia por una violación, pero no la denunció. Ojo‑publico.com estuvo en la zona y comprobó que las víctimas están desprotegidas incluso frente a las autoridades, que figuran entre los agresores.

El doctor Alexander Balbín acomoda en la camilla de su consultorio una pila de fólderes de cartón que hace minutos cayó de un viejo estante en el archivo del centro de salud de Mazán. Los documentos que ordena con prisa no son las historias clínicas de sus pacientes, sino un registro de evaluaciones médicas de decenas de niñas violadas que examinó a pedido de la policía en este pueblo del Amazonas peruano, al que solo se llega en lancha desde Iquitos, la capital de la región Loreto, en el noroeste del país. “El mes pasado recibí a tres menores de doce años. Dos presentaban signos de coito reciente y una estaba embarazada, pero sus padres eran los menos interesados en denunciar lo sucedido”, dice el médico recién graduado que cumple funciones aquí desde hace un año como parte de su servicio comunitario.

Afuera, dos muchachas duermen en una de las bancas de la sala de espera vencidas por el sol que calienta las tejas y el techo de cemento del local hasta convertirlo en un horno. Es una mañana de sábado y el principal pasadizo de ingreso al servicio de salud está bloqueado por una fila de chicas de rostros adolescentes que han traído a sus bebés para los controles de vacunas. La mayoría fue madre antes de cumplir los 18 años y proviene de distintos caseríos de Mazán, donde viven 13 mil personas dedicadas al comercio y la tala de madera, como varios de los distritos rurales de Loreto.

 

EL DISTRITO. Un viaje en lancha de una hora, que incluye luego un tramo en mototaxi, conduce a Mazán, uno de los pueblos rurales de la región Loreto.

¡Del Águila! – grita una enfermera. Levanta la mano una joven menuda, de dieciséis años, rasgos indígenas, que camina junto a un niño pequeño descalzo. Viene de un poblado rural donde ninguna receta casera pudo detener el sarpullido que apareció en la piel de su hijo. Ambos entran al consultorio del doctor Balbín.

La escena es cotidiana: Mazán es el pueblo amazónico donde las mujeres inician su vida sexual más temprano y quedan embarazadas a menor edad: tres de cada cuatro empezó su vida sexual a los 16 años y una de cada tres tuvo un hijo durante la adolescencia, según la Encuesta Nacional de Hogares 2015 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Mazán es el pueblo amazónico donde las mujeres inician su vida sexual más temprano y quedan embarazadas a menor edad.

El Ministerio de Salud señala que el problema está relacionado, fundamentalmente, a la precocidad sexual en la Amazonía y al desconocimiento de métodos anticonceptivos, pero esta es una mirada incompleta de la realidad. Los informes oficiales del ministerio revisados no mencionan un aspecto determinante para estas cifras: el abuso sexual. Una investigación del 2013 liderada por el antropólogo Jaris Mujica, del Laboratorio de Criminología de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), demostró que la alta tasa de embarazo de menores de edad en Mazán se debe a las violaciones sexuales. “El problema está en que este delito no se denuncia”, dice Mujica. Se ha convertido en parte de una sombría normalidad donde el Estado está ausente y no parece importarle.

 

FORZADAS. Más de la mitad de mujeres de Mazán tuvo un hijo durante su adolescencia producto de una violación.

 

Una de las pruebas que aportó el estudio de Mujica “Estimación del impacto y la prevalencia de la violencia sexual contra mujeres adolescentes en un distrito de la Amazonía peruana” fueron los resultados de las entrevistas en profundidad a 156 mujeres de Mazán de 18 a 29 años: 86 contaron que tuvieron un hijo entre los 14 y 17 años producto de una violación, pero no acudieron al sistema de justicia para denunciarlo. Es decir, el 56% de chicas fue madre a la fuerza. El aborto no fue una opción para las víctimas porque- pese a que la ley permite este procedimiento cuando está en riesgo la vida de la madre- ningún centro de salud peruano lo facilita a una paciente.

Durante los años 2011 y 2012, Mujica y su equipo, integrado por Nicolás Zevallos y Sofía Vizcarra, desarrollaron esta investigación enfocada en mujeres que hubieran sufrido abuso sexual durante su niñez y adolescencia en la selva peruana. Así llegaron a los caseríos de Mazán con un grupo de asistentes que los ayudaron a entrevistar a las jóvenes que aceptaron contar sus historias. La mayoría permitió el acceso a sus hogares y algunas fueron abordadas en espacios públicos, donde se sentían más cómodas para hablar de sus problemas, como las canchas de vóley de la comunidad.

El 56% de chicas de este distrito fue madre a la fuerza durante su adolescencia.

Los resultados se difundieron en el 2013 y algunos medios de comunicación los usaron para describir a Mazán como un paraíso para los abusadores sexuales. Sin embargo, los ministerios de Salud, Justicia, Mujer e Interior -con responsabilidades frente al problema- no se pronunciaron. Cuatro años después, en setiembre de 2017, un equipo de Ojo‑publico.com estuvo en Mazán y recogió testimonios de menores víctimas de recientes casos de violaciones sexuales, respuestas de la policía, informes médicos y reportes de la Defensoría Municipal del Niño y Adolescente (Demuna) que confirman que nada ha cambiado en favor de las niñas de este distrito.

REGISTRO. Los médicos de Mazán reciben un promedio de tres niñas violadas por mes para evaluaciones clínicas.

 

Mazán no es un caso aislado, sino un reflejo de varias deficiencias del Estado frente a este delito en el país. “De un promedio de 4.000 denuncias anuales por violación sexual de menores en el Perú, solo 800 terminan con los agresores en prisión”, según el Plan Nacional de Acción a Favor de la Infancia y la Adolescencia 2012-2021, elaborado por una comisión multisectorial integrada por once ministerios, la Fiscalía, el Poder Judicial y otras entidades públicas.

 

Mazán no es un caso aislado, sino un reflejo de varias deficiencias del Estado frente a este delito en el país.

En este mismo documento aparece una de las razones: apenas el 15% de los operadores de justicia con responsabilidad para atender los casos de abuso sexual está preparado para seguir los protocolos de atención de las víctimas y las investigaciones contra los acusados. En Mazán, la Demuna está encargada a una profesora de manualidades, solo hay una psicóloga que se turna dos colegios y la comisaría no se considera un lugar confiable para las afectadas, ya que hay policías implicados en una denuncia por violación a una adolescente.

Este panorama explica por qué pocas víctimas se atreven a denunciar a sus abusadores. En la región Loreto, donde está Mazán, los casos de violación sexual de menores reportados representan apenas el 1% de las denuncias en todo el país. Es decir, las cifras oficiales están muy lejos de la realidad.

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“Un día vino mi hermana Milia y me llevó al monte para ayudarla a cuidar a sus bebés cuando ella tuviera que trabajar. Pero no fue así. Me entregó a su patrón para que fuera mi marido. Yo lloraba, le pedía que me dejara ir, pero él abusó de mí hasta que me escapé”, contó Belinda*, una adolescente de 13 años, a Nancy Guerrero, la jefa de la Demuna en Mazán, quien llegó a su casa para facilitar los trámites de la denuncia el 30 de setiembre de 2017 .

Sin embargo, la madre de Belinda no estuvo convencida de continuarla. “Ella [Belinda] se escapó varias veces de la casa. Le decía que me ayudara con el trabajo, pero se iba al monte a jugar. No me obedeció y ya ven lo que le pasó”, contó la mujer de 40 años. Su comentario es una muestra de cómo se justifica el abuso incluso dentro de la propia familia de la víctima. La madre de Belinda creció en Mazán, sometida a los prejuicios de su comunidad, donde nadie protesta porque una niña no vaya a la escuela y es común que se le traslade la culpa de un abuso si sucedió cuando caminaba sola por la calle.

La Demuna de Mazán conoció este caso los primeros días de setiembre por un informe que derivó el teniente gobernador del caserío de Santa Cruz, Juan Aroche, encargado de apoyar las labores de la policía en esta comunidad. El funcionario recibió a Belinda en sus oficinas horas después de que huyó de su abusador hasta ahora solo identificado con el nombre de Marcial. En el breve informe, la niña dijo que sufrió tocamientos y violaciones reiteradas en la quebrada de Suni Caño, una zona del poblado de Santa Cruz rodeada de madereros. La policía llegó tarde al hostal donde el acusado se escondía; él ya había huido y solo se incautó su ropa y un celular en el que guardaba retratos de niñas del mismo caserío a las que hizo posar para él.

La Demuna está a cargo de una profesora de manualidades y solo hay una psicóloga para todo el distrito.

El informe del teniente gobernador fue entregado también a la Comisaría de Mazán, pero sus agentes lo deslegitiman, creen más en la versión de la hermana acusada, quien declaró a la policía que Belinda miente porque presenta rasgos de retardo mental. “Si a una persona le hacen durante varios días todo lo que la niña dice que le pasó, entonces no podría ni caminar. Nosotros remitimos el caso a la Fiscalía de Iquitos y ya no sabemos qué pasará”, dijo el comisario Juan Collantes Ruiz, a Ojo‑publico.com.

La pericia del médico legista practicada a Belinda revela rastros recientes y antiguos de lesiones en diferentes partes de sus genitales; es probable que la niña haya sufrido anteriores abusos, pero los atroces resultados no son suficientes para acabar con la apatía de los policías de Mazán frente al caso. “En el examen no se concluye que hay penetración vaginal. Entonces no hubo violación”, afirmó el comisario.

 

DESPROTECCIÓN. La madre de Belinda cree que su hija tiene la culpa de lo que le pasó y no está convencida de continuar con la denuncia.

 

Las víctimas no reciben un buen trato cuando las autoridades desconocen su rol y están llenas de prejuicios. Y esto es lo que Silvia Arbildo ha detectado en varios distritos de la región Loreto en los que desde hace cinco años monitorea los casos de violaciones sexuales y trata de mujeres. “Es un doble trauma para una víctima presentarse a una comisaría o a la fiscalía”, sostiene la profesora e investigadora de la ONG Inagruv.

El Estado es visto aquí como otro abusador.

Una noche de julio de 2016, una adolescente de catorce años fue intervenida por la policía cuando caminaba de regreso a su casa junto con un compañero tras salir de la escuela nocturna en Indiana, la localidad vecina que sirve como ruta de entrada obligatoria a Mazán. Los policías llevaron a los dos colegiales a la comisaría. El muchacho fue liberado, pero la adolescente fue retenida con la excusa de que debía pasar la noche en el lugar por seguridad. En esa misma dependencia policial el comisario la violó y luego ordenó a uno de sus agentes que la regresara a su domicilio en una mototaxi. En el camino, el policía que la acompañaba también abusó de ella.

 

DESCONFIANZA. Los policias de Mazán ponen en duda el testimonio de Belinda. Para ellos, si no existe penetración vaginal no hay violación.

Los abusadores, el comisario Alex Morgan Aguilar y el agente Lincoln Arteta Reyes, fueron relevados de sus cargos y estuvieron bajo prisión preventiva durante nueve meses en la cárcel de Iquitos, pero ahora enfrentan el proceso en libertad porque, según el expediente N° 03108-2016, la Fiscalía no presentó más pruebas en su contra.

El brigadier Morgan, que fue trasladado de la Comisaría de Indiana a la División de Robo de Vehículos de Iquitos, insiste que es inocente. “Todo es contradictorio, la chica no presenta rasgos de violencia física y sexual”, dijo en la primera audiencia pública en la Cuarta Fiscalía Penal Corporativa de Maynas, hace unos meses.

 

AUTORIDAD. La profesora de manualidades Nancy Guerrero es la única trabajadora de la Defensoría Municipal del Niño y Adolescente (Demuna).

 

El actual comisario, César Guzmán Ríos, lo apoya y pone en duda la veracidad de la denuncia de la adolescente. “El examen del médico legista indicó que la chica estaba embarazada y presentaba desfloración antigua. Ella tiene un novio y podría estar mintiendo”, declaró a Ojo‑publico.comcuando lo encontramos en el local temporal de la Comisaría de Indiana en setiembre pasado.

El manejo poco profesional y los prejuicios de la policía son constantes. No tienen siquiera un registro estadístico de denuncias separado por años (las pocas que se reciben). En la comisaría, una vivienda de dos pisos con pequeñas habitaciones acondicionadas como oficinas, un grupo de agentes descansaba en unas sillas de plástico después del almuerzo aquella tarde que llegamos en busca de atención. “El abuso sexual de menores se ha reducido”, aseguró uno de ellos.

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Mazán no cuenta con un Centro de Emergencia Mujer, esa dependencia del Estado que suele contar con abogadas y psicólogas para asistir a niñas y adolescentes víctimas de violación sexual. En el Perú hay 245 locales distribuidos en ciudades capitales y algunos distritos con mayores índices de violencia, pero las niñas afectadas de Mazán tienen que ir hasta Iquitos, a una hora y cuarenta minutos de viaje en lancha por el río Napo.

Hasta allá se trasladó una adolescente de 13 años, violada varias veces por su tío. La denuncia se presentó en setiembre de 2017, pasó a la fiscalía, pero sigue en investigación preliminar. No la hicieron los padres de la víctima, sino sus profesores de la escuela cuando se dieron cuenta de que estaba embarazada. “Es difícil que las familias ignoren una violación. Muchas veces callan toda una cadena de abusos dentro de su entorno directo”, dice la psicóloga Karla Flores, del colegio Jorge Basadre, en Mazán.

DESIGUALDAD. En Mazán, las marcadas diferencias de género impiden que las mujeres puedan desarrollarse y logren independencia.

Por otra amarga experiencia pasó una adolescente de 15 años de este distrito, quien fue drogada y violada por su vecino, Ángel Romañol Guerra, de 22 años, detenido en abril del 2017. En febrero de ese año, cuando la madre de la víctima acudió a la Comisaría de Mazán para presentar la denuncia, los policías le dijeron que su hija “estaba borracha” en el momento que ocurrieron los hechos y dudaron de que se tratara de un caso de violación sexual.

La historia es aterradora: la chica fue encontrada en un basural, donde su abusador la había arrojado porque pensó que estaba muerta. Su mamá la rescató inconsciente y con signos evidentes de lesiones sexuales. Pero en la comisaría solo tomaron en serio el caso después de que un médico legista certificó que la menor presentaba signos recientes de coito y que su estado de inconsciencia estaba relacionado a una sobredosis de un somnífero colocado en la bebida que consumió antes del ultraje.

La policía de Mazán no tiene un registro estadístico de denuncias de abusos separado por años.

Las mujeres y niñas de este distrito de la Amazonía callan el abuso sexual porque nadie les cree. Y su silencio es también un brutal signo de la desigualdad de género que se acentúa en esta zona del país: las niñas tienen menos posibilidades de ir a la escuela, de conocer sus derechos, de lograr independencia económica y de tomar el control sobre su sexualidad. “Hay padres que entregan a sus hijas adolescentes a hombres mayores para que las hagan suyas y mantengan porque no tienen cómo hacerlo ellos. Creen que es su destino”, dice el doctor Balbín, quien ha escuchado las historias de decenas de menores embarazadas en el Centro de Salud de Mazán.

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Una casa de color rosado destaca entre varias viviendas grises, hostales y tiendas ubicados en la principal calle de acceso al centro de Mazán. Es el Hogar de Espera Materna del distrito, pero no funciona. Cuando lo visitamos, la puerta estaba abierta, aunque solo encontramos camas y gabinetes de medicinas vacíos. En la puerta de entrada se conservaba aún una gigantografía con el lema “Trabajando juntos por la primera infancia”. Esperamos durante una hora a que apareciera alguna autoridad para explicar la razón de su estado, pero nadie llegó.

Mazán forma parte de la región más extensa del Amazonas peruano, donde se registra la tasa de embarazo adolescente más alta del país: el 30% de mujeres entre 15 y 19 años está embarazada o ya ha sido madre, cifra superior al promedio nacional que alcanza el 13%, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2016 del INEI. Es una población muy joven que está desprotegida. Aquí solo hay un centro de educación inicial que no se da abasto para recibir a los niños de la comunidad, cuyo lugar común de juego es el monte y las embarcaciones de los taladores de madera.

ADICCIÓN. El excesivo consumo de alcohol en hombres y mujeres se suma al grave problema de abusos sexuales en Mazán.

En la plaza de armas del distrito algunas mujeres explicaron sobre el abandono del centro de espera materna y los pocos espacios de cuidado para sus hijos. “La maternidad la cerraron por falta de presupuesto. Para todo tenemos que ir a Iquitos”, dijeron. Ninguna tenía claro si la responsabilidad del cierre era de la Municipalidad de Mazán o del Ministerio de Salud. Se lo consultamos luego a las autoridades de ambos niveles de gobierno, pero no obtuvimos respuesta.

Loreto fue la región que mayor presupuesto recibió para la prevención y la atención del embarazo adolescente en 2016 y 2017.

Esta escenografía del olvido ocurre a pesar de que Loreto fue la región que mayor presupuesto recibió para la prevención y la atención del embarazo adolescente en 2016 y 2017 con respecto a otras regiones del país. El problema estuvo en que solo el 0.04% de los cinco millones de soles por año asignados a esta tarea fue destinado a programas directos con las menores, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas.

La mayor parte del dinero se usó para pagar los sueldos del personal y otros gastos administrativos relacionados con la estrategia de prevención del embarazo precoz. En Mazán encontramos dos médicos y tres enfermeras en un centro de salud muy pequeño para trece mil habitantes, cuyo personal debe colaborar incluso con las pericias de la policía en casos de homicidios y accidentes de tránsito cuando los médicos legistas no llegan de Iquitos.

ABANDONO. La única casa de espera materna del distrito de Mazán está cerrada desde marzo de 2017 por falta de presupuesto.

 

El país no les falla una, sino muchas veces a las niñas víctimas de abuso sexual que además enfrentan un embarazo riesgoso para su vida y la de su hijo. “Las adolescentes entre 15 y 19 años tienen el doble de probabilidades de morir durante el embarazo o parto que aquellas mujeres mayores de 20 años”, explica la representante del Fondo de Población de Naciones Unidas en Lima, María Elena Zúñiga.

Las iglesias evangélicas tienen ahora más presencia que las instituciones públicas en Mazán: hay por lo menos una docena de templos que ofrecen cuidar a los niños pequeños de las familias que llegan en busca de ayuda. En la puerta de uno de esos locales se lee este versículo del Apocalipsis: “Afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira”.

* Belinda: Ojo‑publico.com usa este nombre ficticio para proteger la identidad de la niña.

Este reportaje fue editado en forma colaborativa entre OjoPúblico y GK(Isabela Ponce).